El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, y el alto comisionado Volker Türk manifestaron su consternación por el deceso del trabajador y exigieron una pesquisa independiente, imparcial y transparente para esclarecer los hechos. El funcionario cumplía funciones para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuando fue privado de su libertad el seis de junio de 2024 por las autoridades que controlan Saná y diversas zonas del norte territorial.
La familia de la víctima recibió recientemente la notificación sobre la pérdida física ocurrida hace más de un mes sin que los captores brindaran detalles sobre los motivos del desenlace. Durante los más de dos años que duró el cautiverio, las autoridades locales no emitieron reportes vinculados al estado de salud del rehén ni entregaron pruebas de vida a pesar de las reiteradas solicitudes presentadas por los organismos internacionales.
Frente a este escenario que representa la segunda muerte de un empleado del organismo bajo estas condiciones desde el deceso de un miembro del Programa Mundial de Alimentos en febrero de 2025, la conducción global pidió la liberación incondicional de otros 70 trabajadores en funciones y cinco exempleados. Por su parte, el gobierno de Yemen responsabilizó a la facción rebelde por el final de El-Shami y demandó que se apliquen sanciones contra los responsables.
El grupo insurgente mantiene un conflicto armado histórico con la administración central de Yemen y acusa habitualmente a los cooperantes humanitarios de conformar redes de espionaje vinculadas a los intereses de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, las autoridades internacionales remarcaron que estas acusaciones sobre los agentes detenidos jamás fueron respaldadas mediante la presentación de pruebas verificables que sostengan los señalamientos.